Liberalización de horarios, un problema con un elevado coste económico y social.

La decisión adoptada por la Comunidad de Madrid de declarar el centro de la capital como zona con libertad total de horarios ha vuelto a llevar al escenario de primera línea un tema que desde hace años viene siendo cuestionado en todos sus aspectos por los actores y protagonistas implicados en ello.

Actualmente, por ley, la libertad de horarios no es total y existen limitaciones que sus propietarios han de cumplir y que vienen reflejadas en la Ley de 21 de diciembre de 2004. Esta norma regula una situación que nunca ha sido unánimemente consensuada por todas las partes implicadas en esta actividad. Así, mientras las grandes superficies y multinacionales han estado, en general, a favor de la libertad absoluta de horarios, los pequeños y medianos comerciantes mantienen una posición contraria. Algo lógico, ya que una ley mucho más permisiva en cuanto al número de domingos y festivos con permiso de apertura acabaría con miles de negocios, incapaces de luchar contra las grandes superficies.

Las razones que aportan quienes defienden la liberalización total de los horarios se centran en que esta acción provocaría una reacción positiva en la contratación de nuevos empleados, al tiempo que beneficiaría a los consumidores que no encontrarían ninguna traba para realizar sus compras cuando lo considerasen oportuno.

Dos aspectos que no son del todo ciertos y que llevan aparejados algunos matices, sobre todo en el segundo de ellos. Una apertura sin restricciones de horarios obligaría a trasladar al precio final de los productos el incremento de costes laborales que se generan. Un aspecto similar al que se da en las famosas tiendas de 24 horas.

A todo ello habría que sumar el coste social que tendría para los trabajadores una liberalización de horarios, en el sentido de que se estarían recortando días de ocio en un momento en el que se habla con tanto ímpetu de la conciliación laboral y familiar.